La atenuante de dilaciones indebidas es una creación del Tribunal Supremo que nace mediante Acuerdo no Jurisdiccional del Pleno de fecha 21 de mayo de 1999, y que se incorpora posteriormente al Código Penal mediante el artículo 21,6.

 

Un acuerdo de la Audiencia Provincial de BARCELONA, adoptado por unanimidad, en fecha 12 de julio de 2012, establece que para la aplicación de la atenuante simple de dilaciones indebidas es precisa una paralización del procedimiento durante un período de 18 meses, por causa no imputable al inculpado, y una paralización de tres años para la aplicación como atenuante muy cualificada.

 

 

Debiendo ponderarse cada caso concreto en paralizaciones por períodos inferiores, es decir que si la paralización es superior a 18 meses la atenuante se aplica automáticamente, si la paralización es inferior ha de valorarse las circunstancias concretas de cada caso.

 

La jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo., Sentencias de fecha 8/3/13 y 21/2/13, exige que se especifiquen por el que la alega los plazos de paralización que considera injustificados o las diligencias que entiende inútiles, no exige que el acusado promueva la agilidad del proceso, es decir, no exige que haya actuado para evitar la existencia o permanencia de las dilaciones, pero si exige que la paralización o retraso no le sea imputable.

 

El Tribunal Supremo no ha establecido, como la Audiencia, plazos concretos para la aplicación de la atenuante, estableciendo que se ha de ponderar la complejidad de la causa, el perjuicio concreto causado al acusado y la paralización o dilación del procedimiento.

Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2013 aplica la atenuante por un retraso de 13 meses desde que se celebró el juicio hasta que se dicto Sentencia, la Sentencia de 21 de febrero de 2012, aplica la atenuante  simple al existir una instrucción farragosa y lenta, y existir dos paralizaciones significativas una de seis meses que tardó el Ministerio Fiscal en solicitar la aportación de documentación cuando se le da traslado para calificar y otra de seis meses desde que finaliza el plazo para presentar escrito de defensa por parte del responsable civil hasta que se remiten las actuaciones a la Audiencia

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18/02/2013 exige para la aplicación la concurrencia de los siguientes requsitos:

 

a)     una dilación indebida y extraordinaria;

b)     acaecida durante la tramitación del procedimiento;

c)      que la demora o retraso no sea achacable al imputado y

d) que la complejidad del litigio no justifique la dilación.

 

Esta Sentencia aplica la atenuante en un supuesto en el que una causa simple tarda cuatro años en tramitarse, existiendo dos paralizaciones una de un año y otra de cuatro meses. Esta Sentencia dice que el fundamento de la atenuante es la compensación del daño causado por la dilación mediante la disminución de la pena, es requisito imprescindible que el imputado no haya sido favorecido por esas dilaciones, el perjuicio en principio se presume y  si bien no es exigible que el acusado impulse el procedimiento, si que es un indicio del perjuicio que el retraso en la tramitación le ha ocasionado, perjuicio que en caso de acreditarse y ser grave puede cualificar la atenuación.

El DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. LA  “IGNORANCIA DELIBERADA” DE LA ESPOSA. DOLO EVENTUAL.  

El delito de Blanqueo de capitales está actualmente regulado en el art. 301 del Código Penal:

 
1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.

Número 1 del artículo 301 redactado por el apartado septuagésimo octavo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.

4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código.

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara al disponer y concluir que basta el mero “dolo eventual” sobre el conocimiento de la ilícita procedencia de los bienes para entender que una persona es autora de un delito de blanqueo de capitales.

 

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de fecha 22/3/2013, nº 228/13, rec. 11045/2012 dispone:

 

“Puede afirmarse ese conocimiento cuando el autor ha podido representarse la posibilidad de la procedencia ilícita y actúa para ocultar o encubrir o ayudar a la persona que haya participado en la ilícita actividad, sin que deba exigirse una concreta calificación, siendo bastante un conocimiento genérico de la naturaleza delictiva del hecho sobre cuyos efectos se actúa. En otras palabras, basta con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de su significado social ( SSTS. 10.1.2000 EDJ 2000/441 , 5.2.2003 EDJ 2003/2087 , 22.7.2003 EDJ 2003/80625 , 12.3.2004 EDJ 2004/17476 , 9.10.2004 EDJ 2004/152675 , 19.1.2005 EDJ 2005/4963 , 14.9.2005 EDJ 2005/144813 , 483/2007 de 4.6 EDJ 2007/70160 ).”

 
“No sería suficiente la mera sospecha, aunque bastaría con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que el dinero procede de un delito grave, con plena admisión del dolo eventual como forma o modalidad dentro del cual se pueden incardinar los supuestos de ignorancia deliberada ( S.T.S. 28/2010 de 28.1 EDJ 2010/11528 ).”


“No es necesario el conocimiento "actual e inmediato" del origen de los bienes, basta el dolo eventual, es suficiente el conocimiento del ámbito de que aquéllos procedían y haberle sido indiferente aquel origen; ( STS. 1286/2006 de 30.11 EDJ 2006/353276 ).”

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“Por tanto, no se exige un dolo directo, bastando el eventual o incluso como se hace referencia en la sentencia de instancia EDJ 2012/152568 , es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada. Es decir quien pudiendo y debiendo conocer, la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en situación de no querer saber, pero no obstante presta su colaboración, se hace acreedor a las consecuencias penales que se deriven de su antijurídico actuar ( STS. 1372/2009 de 28.12 EDJ 2009/321751 , 1257/2009 de 2.12 EDJ 2009/299977 )”.

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“Por tanto el único dolo exigible al autor es el derivado de la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito grave, incurriendo en responsabilidad incluso quien actúa con ignorancia deliberada (willful blindness), respondiendo en unos casos a título de dolo eventual, y en otros a título de culpa. Y ello, tanto si hay representación, considerando el sujeto posible la procedencia delictiva de los bienes, y pese a ello actúa, confiando en que no se producirá la actuación o encubrimiento de su origen, como cuando no la hay, no previendo la posibilidad de que se produzca un delito de blanqueo, pero debiendo haber apreciado la existencia de indicios reveladores del origen ilegal del dinero. Existe un deber de conocer que impide cerrar los ojos ante las circunstancias sospechosas ( SSTS. 1611/2005 de 26.12 EDJ 2005/250597 , 31/2006 de 13.1 EDJ 2006/2837 , 1012/2006 de 19.10 EDJ 2006/306316 , 1257/2009 de 2.12 EDJ 2009/299977 )”.

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“En definitiva en el plano subjetivo -decíamos en STS. 974/2012 de 5.12 EDJ 2012/298612 - no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, solo se dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas) sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito grave (ahora ya de cualquiera, aunque no sea grave) por ejemplo por su cuantía, medidas de protección, contraprestación ofrecida, etc. Así, la STS. 1637/2000 de 10.1 destaca que el único dolo exigible al autor y que debe objetivar la Sala sentenciadora es precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito grave ( STS. 2410/2001 de 18.12 EDJ 2001/54742 ), habiéndose admitido el dolo eventual como forma de culpabilidad ( STS. 1070/2003 de 22.7 EDJ 2003/80625 , 2545/2001 de 4.1 EDJ 2001/275 )”.

 
En la Sentencia referenciada y por lo que respecta a la ESPOSA se concluye:

 
“Para el éxito de su proyecto criminal, el Sr. Marcos Benjamin se aunó con su esposa, la Sra. Tomasa Elisa. En concreto, ella conoció que el dinero que se empleó para la adquisición de las parcelas en la localidad de Jerte y ulterior construcción en su seno de la vivienda unifamiliar así como de un hotel y un spa, así como el metálico empleado para la constitución de múltiples empresas sociales, muchas de ellas carentes de actividad, así como la relevante financiación bancaria obtenida no provenían de los recursos que el Sr. Marcos Benjamin generaba como funcionario de Hacienda o percibía como asesor jurídico-mercantil. Y es que, en relación a los ingresos, ella había trabajado en Hacienda, y por tanto conocía los parámetros cuantitativos en los que se desenvolvía los emolumentos de los que en tal ente público trabajaban, conocimiento que, además, resultaba validado, en lo atinente al Sr. Marcos Benjamin porque había gestionado la cuenta de la Caja Laboral Popular, en la que se ingresaba el sueldo que su marido percibía. También sabía, y a ello ayudada, sin duda, su formación universitaria en materia económica, la cuantía de los préstamos que habían suscrito así como el destino que se había conferido al capital obtenido para tal financiación. Por lo tanto, conocía que la etiología de las elevadas cantidades de dinero que se pretendía invertir en crear patrimonio conjunto no radicaba en las fuentes regulares de obtención de ingresos por parte de su esposo, lo que indicaba, dada la ausencia de hipótesis alternativa que explicase la obtención de tan relevantes cantidades de dinero, la altísima probabilidad, rayana en la certeza, de que su origen proviniera del desvío por parte de su marido de los caudales públicos que gestionaba como recaudador de impuestos. Es decir, conocía, en atención a las circunstancias concurrentes que se acaban de referir, el alto grado de probabilidad de que el dinero tuviera un origen ilícito vinculado a una irregular gestión de los caudales públicos que su marido recaudaba nominalmente para Hacienda.


Consecuentemente sabía que lo que ella realizaba -adquirir conjuntamente bienes inmuebles, empresas y negocios mercantiles- era una forma de sepultar el origen ilícito de los fondos en metálico utilizados en su compra, la mayor parte de los cuales provenían de cuentas corrientes de las que ella era cotitular. Y, conociendo el proscrito objetivo pretendido, ella optó por coadyuvar voluntariamente a tal ocultación. De esta manera actuó con dolo eventual, colocándose en lo que la jurisprudencia ha denominado situación de ignorancia deliberada: es decir, la que de quien pudiendo y debiendo conocer la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en una situación de no querer saber (por todas, SSTS 236/2003, de 17 de febrero EDJ 2003/3227 , 628/2003, de 30 de abril, 785/2003 de 29 de mayo EDJ 2003/80577 , 1257/2009, de 2 de diciembre EDJ 2009/299977 , y 476/2012), de 12 de junio EDJ 2012/116961 ). En otras palabras, la Sra. Tomasa Elisa, no obstante tener consistentes y claras razones de que el dinero que servía para la adquisición del patrimonio del que devenía cotitular tenía un origen ilícito vinculado a una irregular recaudación de los tributos por parte de su marido (conocimiento del peligro concreto jurídicamente desaprobado, que integra el elemento cognitivo del dolo), decide contribuir a la obtención del resultado pretendido (difuminar el origen ilícito del dinero) con el desarrollo de una actividad eficaz para ello (aceptando, por lo tanto, su producción, elemento volitivo del dolo)”.

 

 

¿QUÉ ES LA PRESCRIPCIÓN?

 
Según reiterada doctrina constitucional “la prescripción penal, institución de larga tradición histórica y generalmente aceptada, supone una autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso del tiempo, que encuentra también fundamentos en principios y valores constitucionales, pues toma en consideración la función de la pena y la situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal; a lo que añadíamos que dicho instituto 'en general, encuentra su propia justificación constitucional en el principio de seguridad jurídica'

SENTENCIA 109/2013, de 6 de mayo de 2013  

¿ES UNA CUESTIÓN DE LEGALIDAD ORDINARIA?

El control de la prescripción penal en sede de jurisdicción constitucional se funda en el derecho a la tutela efectiva y en la conexión de la prescripción en el ámbito punitivo con el derecho a la libertad (art. 17.1 CE), sin posibilidad de interpretaciones in malam partem en virtud del art. 25.1 CE (STC 29/2008, de 20 de febrero, FJ 12), lo que determina el control de la resolución impugnada bajo un canon de motivación reforzada, resultando conculcado el derecho a la libertad “tanto cuando se actúa bajo la cobertura improcedente de la ley, como cuando se proceda contra lo que la misma dispone” (SSTC 127/1984, de 26 de diciembre, FJ 4; 28/1985, de 27 de marzo, FJ 2; 241/1994, de 20 de julio, FJ 4; 322/2005, de 12 de diciembre, FJ 3; y 57/2008, de 28 de abril, FJ 2) y, por ello, los términos en los que el instituto de la prescripción penal venga regulado deben ser interpretados con particular rigor “en tanto que perjudiquen al reo” (SSTC 29/2008, de 20 de febrero, FFJJ 10 y 12; y 37/2010, de 19 de julio, FJ 5).


RESPUESTA: ES UNA CUESTIÓN DE LEGALIDAD ORDINARIA LA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN, PERO NO ES DE LEGALIDAD ORDINARIA LA INTERPRETACIÓN CONTRALEGEM DE UN PRECEPTO PENAL. ( STC 29/2008)



Una vez definida la prescripción penal pasaremos a realizar un estudio de su actual regulación en el art. 132 del CP para cuya compresión entendemos que es necesaria su comparación con la anterior regulación, anterior a la reforma del año 2010, y el porqué de dicha reforma.


REGULACIÓN ACTUAL ( tras la reforma operada por la ley 15/2003 ( apartado primero) y la ley 5/2010 ( apartado 2º)

Artículo 132

1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento.

Número 1 del artículo 132 redactado por el apartado cuadragésimo octavo del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

• 1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta.

 

• 2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses para el caso de falta, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en el apartado anterior, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis o dos meses, en los respectivos supuestos de delito o falta, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dichos plazos, el Juez de Instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo.

 3.ª A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.

Número 2 del artículo 132 redactado por el apartado trigésimo cuarto del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

REGULACIÓN ANTERIOR


Artículo 132

1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento.

Número 1 del artículo 132 redactado por el apartado cuadragésimo octavo del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena.

A partir de: 23 diciembre 2010

Número 2 del artículo 132 redactado por el apartado trigésimo cuarto del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).

 
Nos parece más relevante centrar nuestro estudio en el análisis del apartado segundo de dichos preceptos pues es el que más controversias generará en la aplicación de la ley.


ADVERTIMOS LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PRECEPTOS en que mientras en la regulación actual se determina que la prescripción quedará interrumpida cuando el procedimiento se dirija contra el culpable (entendiendo que se dirige el procedimiento cuando se dicte una resolución judicial motivada contra éste), en la regulación anterior ÚNICAMENTE se establecía que la prescripción se interrumpía cuando el procedimiento se dirigía contra el culpable.

 

POR QUÉ LA REFORMA?

 
POR EL ENFRENTAMIENTO ENTRE EL TS Y EL TC a raíz del recurso de amparo estimado por el TC en el que enmendando la plana al TS acordó la prescripción de la pena en el famoso caso de los ALBERTOS (ALBERTO CORTINA y ALBERTO ALCOCER). SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 29/2008.

 
ES VERDAD, que con anterioridad el TC había dictado la sentencia 63/2005 en la que concluía que la presentación de una querella no interrumpía la prescripción, pero era un caso diferente por cuanto otorgó el amparo y estimó prescripción no dando valor interruptivo a la interposición de la querella porque transcurrieron más de dos años entre la interposición de la querella y la admisión a trámite de la misma, habiendo una parálisis total del procedimiento durante ese periodo.



BREVE RESUMEN DEL CASO DE LOS ALBERTOS:

 
Los Albertos ( CASO URBANOR) fueron condenados a penas de prisión superiores a tres años por delitos de estafa y falsedad documental por hechos cometidos en fecha 7 de enero de 1988 por la venta de derechos de suscripción preferente de acciones.

 
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección séptima de fecha 29 de diciembre de 2000 absolvió a los mismos porque entendió prescritos los delitos al haberse interpuesto la querella por procurador sin poder especial y sin firma de los querellantes, por lo que cuando se ratificó ( 9 de marzo de 1993) la querella defectuosa ya había prescrito el delito. La querella se interpuso el día 6/1/1993.

 
Ésta sentencia apreció la prescripción no porque entendiera que la interposición de la querella no interrumpiera el plazo, sino porque aún entendiendo que la presentación de una querella interrumpe el plazo, como ésta era defectuosa, hasta su ratificación, la misma no había sido legalmente presentada.

 
El Tribunal Supremo, Sala Segunda, mediante sentencia dictada en fecha 14/3/2003 revoca la sentencia de la Audiencia y condena a los acusados porque considera que la interposición de la querella, aún siendo defectuosa, interrumpía la prescripción.

 

LA INSEGURIDAD JURÍDICA ESTABA SERVIDA, para el supremo la interposición de una denuncia o querella, el traslado de la noticia criminis al juzgado era suficiente para paralizar la prescripción porque entendía que el procedimiento ya se dirigía contra el culpable, en cambio para el Constitucional era necesario un acto de interposición judicial para entender el procedimiento dirigido contra el culpable.


PARA MÁS INRI, tanto después de la STC 63/2005 como de LA STC 29/2008 el T. Supremo adoptó los siguientes acuerdos:

 
‍FECHA: 12/5/2005 Único asunto: Consecuencias de la STC 63/05 para la aplicación de las disposiciones del CP referentes a la prescripción.
Acuerdo: La sala penal del tribunal supremo ha examinado la sentencia del tribunal constitucional 63/2005 y considera que la misma insiste en la extensión de la jurisdicción constitucional basándose en una interpretación de la tutela judicial efectiva que, prácticamente, vacía de contenido el art. 123 de la constitución española que establece que el tribunal supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, por lo que, consiguientemente, le incumbe la interpretación en última instancia de las normas penales.




‍FECHA: 25/4/2006 ASUNTO: Prescripción: Interrupción del plazo.
ACUERDO: El artículo 5.1 LOPJ, interpretado conforme a los arts. 117.1, 161.1 b) y 164.1 CE., no puede impedir que el Tribunal Supremo ejerza con plena jurisdicción las facultades que directamente le confiere el art. 123.1 CE."
Segunda cuestión dentro del mismo asunto: Que debe entenderse por procedimiento que se dirija contra el culpable"
ACUERDO: Mantener la actual jurisprudencia sobre la interrupción de la prescripción pese a la sentencia del Tribunal Constitucional 63/2005.
Jurisprudencia que lo desarrolla: STS 597/2006, de 11 de mayo.



‍FECHA: 26-27/2/2008 ASUNTO: Sentencia del Tribunal Constitucional sobre “Los Albertos", conocimiento y decisiones en su caso.
ACUERDO: La Sala Penal del Tribunal Supremo ha tenido conocimiento de la reciente sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional el pasado 20.02.08, que declara la nulidad de la nuestra de 14.03.03 y, tras su análisis, ratificamos nuestros precedentes Acuerdos de Sala General de 12.05.05 y 25.04.06, por cuanto el órgano Constitucional reitera la extensión de su jurisdicción basándose de nuevo en una interpretación de la tutela judicial efectiva, en este caso, en relación con el potencial derecho a la libertad personal de los recurrentes, que vacía de contenido el art. 123 CE.
Este precepto constitucional, dentro del Título correspondiente al Poder Judicial, tiene como misión preservar el debido equilibrio entre órganos constitucionales del Estado, en este caso, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, para asegurar el adecuado funcionamiento de aquél. , de forma que se desconoce su esencia, fijando una interpretación de la legalidad ordinaria que sólo corresponde al Tribunal Supremo.
 

¿CÓMO RESOLVER LA CUESTIÓN?

 
RESPUESTA: REFORMAR EL CÓDIGO PENAL, LO 5/2010. Ese es el origen de la reforma.

 
ACTOS QUE PARALIZAN LA PRESCRIPCIÓN

 
La doctrina del Tribunal Supremo ( STS 12-2-99 EDJ 1999/975) señala que sólo alcanzan virtud interruptoria de la prescripción aquellas resoluciones que ofrezcan un contenido sustancial, propio de una puesta en marcha del procedimiento, reveladoras de que la investigación o el trámite procesal avanza superando la inactivación y la parálisis. Únicamente cuando los actos procesales están dotados de auténtico contenido material puede entenderse interrumpida la prescripción ( STS 8-2-95 EDJ 1995/214). La sentencia de 10 de julio de 1993 EDJ 1993/6936 advierte que las resoluciones sin contenido sustancial no pueden ser tomadas en cuenta a efectos de interrupción. Cuando se habla de resoluciones intranscendentes se hace referencia, por ejemplo, a expedición de testimonios o certificaciones, personaciones, solicitud de pobreza, reposición de actuaciones... ( STS 10-3-93 EDJ 1993/2378). Concluye señalando que aquellas decisiones judiciales que no constituyan efectiva prosecución del procedimiento contra los culpables, no producen efecto interruptor alguno.

Por último cabe recordar la STS de 23 de julio de 1993 que expresamente señala cómo no resultan intranscendentes ni la formulación de la denuncia, ni el Auto de incoación de diligencias previas y de inhibición, ni el señalamiento del juicio oral. Trasladada la doctrina expuesta al supuesto de autos, no puede negarse contenido sustancial a las resoluciones que más arriba han sido mencionadas, las cuales supusieron un impulso efectivo del procedimiento, y no pueden considerarse como resoluciones de mero trámite, sino como un medio de dar impulso procesal al procedimiento dirigidas a la investigación de los hechos y celebración del correspondiente juicio.